Legitimación para presentar recurso contencioso administrativo

El Abogado del Estado invoca como cuestión preliminar, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 69 b) LRJCA, pues en su opinión, las organizaciones recurrentes carecen de legitimación para impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros reseñado, pues no obtienen beneficio alguno de la anulación del acuerdo recurrido, ni la disminución de la inmigración ilegal que es lo que pretende el Acuerdo, y tampoco pueden encargarse de velar porque se cumplan los principios presupuestarios que disciplinan las competencias entre las Cortes y el Gobierno, ni que se apliquen genéricamente las normas de transparencia, pues sería ejercitar la acción pública en unos sectores en los que no se encuentra reconocida legalmente.

La Sala sigue la doctrina consolidada sobre la legitimación para recurrir y entiende que queda excluida la legitimación de la persona física o jurídica que pretenda recurrir actuando como mero defensor de la legalidad, sin justificar la existencia de relación o vinculación entre el objeto del proceso y su esfera de intereses.

La jurisprudencia define el interés legítimo, base de la legitimación procesal a que alude el art. 19 LRJCA, como la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta. Esa concreta relación entre la persona física o jurídica y la pretensión ejercitada en cada proceso explica el carácter casuístico que presenta la legitimación.

En lo que se refiere a la legitimación de Asociaciones, el apartado b) art. 19.1 LRJCA, prevé como título legitimador el supuesto de que resulten afectados sus intereses legítimos por la disposición o el acto administrativo impugnado, para lo cual habrá de comprobarse que por disposición legal o por atribución estatutaria la Asociación recurrente asume la representación y defensa de los intereses económicos o de otra naturaleza de sus asociados, y que éstos obtendrán un beneficio o utilidad de la anulación del acto o disposición.

Para acreditar la relación o vinculación material entre su esfera de intereses y el objeto del proceso, la argumentación de los demandantes -dos ONGS y un ciudadano particular-, consiste en que la impugnación del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19 de julio de 2019 sobre la autorización del Fondo de Contingencia para la ayuda al Reino de Marruecos con la finalidad del control de la migración irregular, se sustenta en el interés legítimo en que dicho Fondo sea aplicado conforme a las reglas que se establecen en los arts. 50 y 55 LGP.

Pues bien, el análisis de la relación entre las entidades recurrentes, el objeto del presente recurso contencioso-administrativo y las pretensiones deducidas conducen a que no cabe reconocer la necesaria legitimación activa a los recurrentes pues los fines estatutarios de dichas entidades no les confieren un interés legítimo, que pueda identificarse como un interés propio específico y concreto en la impugnación del Acuerdo sobre el Fondo de Contingencia con base en su falta de ajuste a la legalidad presupuestaria.

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